En los últimos días, he sido objeto de los más burdos ataques en redes sociales. Todo comenzó con la decisión unilateral del presidente del Congreso, Alejandro Soto, de suspender el debate de la moción 9525 que acuerda remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por causa grave, tal como lo establece el artículo 157 de la Constitución.
Desde entonces, se armó el muñeco de una negada participación mía en los objetivos de una presunta organización criminal liderada por la exfiscal de la Nación Patricia Benavides. Valga reiterar que la moción presentada nada tiene que ver con la citada, pues puede ser ella o cualquier otro magistrado el que haya estado inmerso en un procedimiento de suspensión irregular que viola su propia Ley Orgánica, respecto al conflicto de intereses y la inhibición obligatoria que debieron ejercer miembros de la JNJ que venían siendo investigados por Benavides, pero que NO lo hicieron.
Ante esta ilegalidad, ¿debíamos quedarnos de brazos cruzados? ¡No! Ejercimos el mandato constitucional dado al Congreso de “velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, y disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores” (art. 102,2 Const).
De todo el entuerto en mi contra, diré que resulta paradójico que la “organización criminal” haya buscado supuestamente votos para un candidato a Defensor del Pueblo por el que no voté; además el proyecto de ley 4890/2023-CR de mi autoría, al que aluden, alteraría sus planes, pues propongo que el presidente del TC presida la Comisión de selección de la nueva JNJ, en caso el Defensor no pueda (siendo mi única motivación que dicha Comisión la presida un miembro titular y no un Defensor interino o encargado). Si esto me convierte en “pieza clave de un bando criminal”, estamos ante la organización más torpe que hayamos visto.
Quisiera, más bien, enfocar tanta atención en otras importantes iniciativas de mi autoría, como la que prohíbe que sentenciados por terrorismo postulen a un cargo de elección popular, la que impide que sentenciados por corrupción lideren partidos, la que facilita la expulsión de extranjeros sentenciados, la que establece que menores de edad sean responsabilizados por sus delitos, la de cadena perpetua para los asesinos de policías o serenos; entre otras que una vez aprobadas, servirán para combatir tanta corrupción e inseguridad.
A mis críticos, les digo: ¡Bienvenidos a una política decente y valiente, que no se mueve por cálculos sino por principios! Sigan perdiendo su tiempo buscándome indicios de corrupción que no encontrarán. Mientras tanto, el expresidiario Antauro Humala sigue en campaña presidencial, pero muchos hacen mutis.
Fuente: Diario Expreso
