La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República ha aprobado el informe final recaído en la denuncia constitucional 384 de mi autoría, junto a la denuncia constitucional de la congresista Patricia Chirinos y otro, presentada en contra del expresidente Martín Vizcarra y sus exministros Salvador del Solar y Vicente Zeballos, quienes perpetraron el golpe de Estado en setiembre del 2019, disolviendo el Congreso de manera inconstitucional e ilegal bajo el concepto de “denegación fáctica”, una figura ficticia y contraria a la Constitución.
El informe, que plantea 10 años de inhabilitación para el lagarto Vizcarra y 5 años para sus serviles exministros, fue sustentado por el congresista Héctor Ventura, a quien agradezco por la firmeza de su trabajo como delegado ponente del caso.
Por supuesto, mis detractores no han tardado en salir a atacarme diciendo barbaridades, que me daré el tiempo de responder. Esto no se trata de una persecución política, sino se trata más bien de hacer justicia, pues, como hemos mencionado anteriormente, la disolución del Congreso se dio bajo una figura ficticia que no existe en nuestra Constitución Política. Con ello, el señor Vizcarra y sus aliados quisieron acallar la voz de la máxima asamblea de la democracia, como es el Congreso de la República, para hacerse de un poder omnímodo, al querer interferir en funciones exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, siendo una de ellas elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, razón que, por cierto, utilizaron de excusa para sus fines.
Sin embargo, esta victoria pírrica no le duraría mucho tiempo a Vizcarra, pues en noviembre de 2020, por amplia mayoría del nuevo Congreso (105 votos), fue vacado por permanente incapacidad moral para ejercer la presidencia del Perú, figura que tiene su fundamento legal en el numeral 2 del artículo 113 de la Constitución.
De igual manera, tampoco se trata de sacar de carrera a un adversario político, pues, de hecho, Vizcarra ya ha sido inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos en abril de 2021, por el caso “VacunaGate”, poco después de haber logrado un escaño para el Congreso por el partido “Somos Perú”. Asimismo, también ha sido inhabilitado por 5 años en mayo de 2022, por sus oscuros vínculos cuando fue ministro de Transportes. Sin embargo, cabe anotar que ahora la inhabilitación sería propiamente por la disolución inconstitucional del Congreso.
En resumen, ni persecución ni sacar de carrera a nadie. De lo que se trata es de corregir una aberración para que jamás pueda volver a repetirse. Nadie que se zurre en el Estado de Derecho puede quedar impune, permitirlo sería colocar una bomba de tiempo a nuestra endeble democracia.
¡Golpistas nunca más!
No al blindaje oenegero
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha resuelto sancionar
