El Ministerio Público ha decidido desactivar las Fiscalías Especializadas en Terrorismo de Ayacucho y el VRAEM. Mediante una resolución que ya ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano se ordena que las Fiscalías Antiterroristas de Ayacucho y el VRAEM dejen de existir para que estos casos de terrorismo se conviertan ahora en una competencia más de las llamadas “Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad”. Esta nefasta decisión representa un grave retroceso en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en una de las zonas más conflictivas del país.
Lo más alarmante es que estas nuevas fiscalías —supuestamente orientadas a la defensa de los derechos humanos— han mostrado un marcado sesgo ideológico, alineado con la Agenda 2030 de la ONU y con estándares promovidos por cortes internacionales que han sido criticadas por favorecer a familiares de terroristas. Asimismo, ya sabemos que todo lo que tiene que ver con ideología de género proviene también de estos organismos internacionales que ejercen una gran influencia con sus “enfoques” en cuanta institución pública pueden, siendo una de ellas la Fiscalía. No olvidemos que fue precisamente desde esos despachos fiscales que se denunció a la ciudadana Olga Izquierdo por el solo hecho de rechazar la implementación de baños “inclusivos” (“baños trans”) en el aeropuerto Jorge Chávez.
¿Cómo se espera entonces que estas fiscalías ideologizadas van a poder asumir estos casos complejos de terrorismo en el VRAEM, cuando peor aún, su personal no tiene la más mínima experiencia combatiendo el terrorismo y, por el contrario, más bien son proclives a defender a los terroristas y a los delincuentes? Esta medida, sin duda, debilita la lucha contra el terrorismo, porque se desactivan fiscalías que tenían la especialidad de combatir el terrorismo o los remanentes terroristas en Ayacucho y en toda la zona del VRAEM, y se les da esta facultad a las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad para seguir con la retórica garantista en que se prefiere defender al delincuente y al terrorista antes que al ciudadano, la comunidad y el Estado.
Por la gravedad de este asunto, ya he solicitado al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, señor Isaac Mita, que pueda citar con grado de urgencia a la fiscal de la Nación, señora Delia Espinoza, a fin de que explique esta disposición que somete a una peligrosa indefensión a quienes durante todo este tiempo vienen defendiendo nuestra patria a costa de su propia vida. Me estoy refiriendo específicamente a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¡Ni un paso atrás en la lucha contra la delincuencia y el terrorismo!
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