Lo reafirmo una vez más: la protesta pacífica es un derecho constitucional. Como ciudadanos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente sin armas según el Artículo 2 numeral 12 de la Constitución Política del Perú concordante con el Artículo 15 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Lo que no es un derecho es imponer el imperio del terror y la violencia. En consecuencia, todo uso desproporcionado de la fuerza, así como todo acto de incitación a la violencia deberá ser tajantemente investigado y sancionado. No debemos permitir que consignas políticas e ideológicas enluten a más familias; deberá respetarse el Estado de Derecho y el imperio de la ley frente al vandalismo de los que azuzan principalmente a nuestros hermanos del interior del país. Y sabemos quiénes son, muchos de ellos no dan la cara pero están vinculados a grupos terroristas y/o han sido sentenciados por este delito.
De otro lado, los paros ocasionados no solo han causado lamentables muertes sino que además vienen perjudicando el sustento de muchos ciudadanos al obstruir el comercio, proyectos de inversión, y hasta la provisión del gas natural proveniente del Cusco.
Según lo reportado por la Cámara de Comercio y Producción de Lima – CCL se estima que 672 millones de soles en comercio es lo que pierden las regiones a consecuencia de las protestas, siendo las más afectadas precisamente las regiones de Amazonas, Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios y Puno; afectándose el comercio; minería e hidrocarburos; servicios; manufactura; agropecuario; construcción; etc.
Nuestro país no volverá a caer en las oscuras garras del terrorismo, en que la ideología primaba aun sobre la vida humana. De ninguna manera este terror puede llamarse derecho. Derecho tenemos a que se respete nuestra vida, el trabajo, el libre tránsito; la paz y la tranquilidad.
El Perú lo construimos todos.
¡Alto a la violencia!