Hace unas semanas publiqué un artículo relacionado a los muertos que la izquierda olvida, porque es evidente que las ONG supuestamente defensoras de derechos humanos no defienden a todos, sino solo a aquellos que su sesgo ideológico les permite.
¿Acaso vieron a alguna de estas ONG perturbarse por la muerte del suboficial Soncco; o por el caso de los militares ahogados en el río camino a Juli; o por las 11 personas que murieron por no poder llegar a tiempo a un hospital dado el bloqueo de carreteras; o por los 700 policías que fueron heridos a piedra, palo y hasta huaracas; o por los ciudadanos de Puerto Maldonado que quedaron prácticamente secuestrados por semanas sin recibir alimento ni las medicinas necesarias; o por los comerciantes que cerraron a fuerza sus negocios para evitar la violencia de los manifestantes, o por aquellos que eran obligados a protestar y pedían auxilio por las amenazas recibidas? Claramente, no.
Y por eso, no me sorprende el vergonzoso informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el Perú, pues tanto las mencionadas ONG como la CIDH son financiadas por el mismo artífice: George Soros con su Fundación “Open Society”; organización que esparce la misma narrativa por el mundo: la necesidad de la implantación de una agenda progresista globalista, en favor de, supuestamente, “derechos humanos”. ¡Nada más falso!
Una prueba de lo arbitrario de este informe es el afán de la CIDH de querer inmiscuirse en una facultad exclusiva y excluyente del Congreso como es la elección del defensor del Pueblo. Pareciera que les resulta ideal mantener un cuadro como la actual defensora del Pueblo interina, por ser muy afín a sus intereses políticos. Otra prueba es el gran respaldo del sector radical de la izquierda caviar, precisamente los instigadores de las protestas que nos dejaron como saldo: lamentables pérdidas humanas, y, asimismo, económicas.
¿Qué podemos hacer entonces los peruanos? No es posible que Perú se retire de la CIDH pues este órgano nace con la Carta de la OEA. Lo que sí podemos hacer es retirar todo fondo público, no destinar ni un solo sol para la manutención de esta institución supranacional, en tanto no nos garantiza investigaciones objetivas.
Ya lo he dicho antes y lo reafirmo: si una organización le pagara a un juez para que decida conforme a sus intereses, se trataría de un vil soborno. Pero eso es exactamente lo que ocurre con el financiamiento de las ONG, la CIDH y la Corte IDH. Pretenden adoctrinar a nuestro país siguiendo las órdenes de sus financistas. Esa injerencia es burda e inaceptable.
CIDH, la casa se respeta.
