“Crímenes de odio”, la censura de opinión y pensamiento hecha ley

Existe, al parecer, en los últimos días tal desesperación por impulsar temas de la agenda progresista por parte de algunos congresistas miembros de la Comisión de Justicia del Congreso. Hace menos de un mes, se aprobó por escasa mayoría el dictamen de Unión Civil que provocó el vuelco a las calles de más de 50,000 ciudadanos solo en Lima. Esta vez, no fue el congresista Alejandro Cavero, sino la congresista Susel Paredes, una de las más interesadas en que se debata el predictamen de los denominados “crímenes de odio”, figura que ya se viene aplicando en otros países, pero que no es ley en el Perú, y esperamos que no lo sea.

El fundamento esencial de este profundo rechazo recae en que la propuesta de ley busca la criminalización del pensamiento contrario o disidente, señalando como agravantes el “odio” por nacionalidad, identidad étnico-cultural, nivel socioeconómico, entre otros. El derecho, que solía basar su juicio en las evidencias y hechos objetivos, entrará ahora al subconsciente o consciente de la persona para penalizar sus opiniones y/o conductas de “odio”, generando en la práctica que se otorgue un poder desmedido a los jueces y fiscales para que, con criterios claramente subjetivos e imposibles de probar, puedan juzgar hasta por homicidio o lesiones delitos como el odio racial, odio religioso u odio por “expresión de género”. Dicho sea de paso, esto último no es una categoría recogida en la Constitución ni en ninguna otra ley vigente en el Perú.

Así las cosas, las víctimas serían personas homosexuales, extranjeros (llámese venezolanos, colombianos, etc.), entre otros, llegando incluso a exceder las penas su máximo legal actual.

Detrás de la aparente bondad de defender a “personas vulnerables” se encuentra la consigna de patologizar la opinión contraria, haciendo uso de la neolengua política del progresismo para llamar “homofóbico”, “transfóbico” o “xenofóbico” a todo aquel que se atreva a desafiar las mentiras de la cultura woke, diciendo verdades que son conformes a la ciencia y, por supuesto, a la fe cristiana que profesa la mayoría de peruanos.
Por citar un ejemplo del peligro de esta ley: un ciudadano que se niegue a llamar con nombre de mujer a un hombre podrá correr el riesgo de sufrir pena de cárcel, pues estaría cometiendo “discriminación por identidad de género”, sin mencionar todo el presupuesto que necesitaría esta arremetida ideológica.

Cabe resaltar que la Comisión de Justicia suspendió el pasado miércoles 11 de diciembre la sesión en que se debatiría este despropósito. Sin embargo, estamos más que listos para presentar defensa y votar en contra; y por este medio convoco también a mis colegas congresistas a defender nuestra preciada libertad.