El pasado miércoles 4 de enero del presente, los miembros de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso votamos por amplia mayoría por la no aprobación del predictamen del Proyecto de Ley 525 que establecía el “Matrimonio Igualitario” en nuestro país. 12 votos a favor, 2 en contra, 4 abstenciones graficaron el palmario escenario de que el Perú es mayoritariamente conservador y continúa siendo un dique de contención frente a iniciativas que atentan contra la institución del matrimonio amparada en nuestra Constitución.
El argumento más recurrente de los defensores de la propuesta fue sostener que no aprobar este tipo de unión es discriminatorio, al negar supuestamente un derecho. Pero ¿es realmente el matrimonio un derecho?
Es vasta la legislación que reconoce la figura del matrimonio, definiendo su conformación como la unión de un hombre y una mujer. Así lo precisa nuestro Código Civil, la Convención Americana de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Tribunal Constitucional peruano en su sentencia 2868-2004 en la cual cita en su fundamento 13 que el matrimonio no es un derecho, sino que se le reconoce como un instituto natural de la sociedad; además que garantiza implícitamente que esta solo puede ser conformada por un hombre y una mujer de acuerdo a la legislación vigente.
Entonces, ¿es discriminatoria la citada normativa enmarcada en el bloque de constitucionalidad compuesto precisamente por los tratados internacionales de derechos humanos? La respuesta cae de madura. Rotundamente, no.
Tal como lo mencioné en la sesión, debemos ser capaces de derribar de una vez por todas aquella falsa premisa de que el matrimonio es un derecho. Nuestra legislación recoge una realidad natural, mas no la crea: el matrimonio antecede al Estado. Sería necesaria por tanto una reforma constitucional para modificar la institución del matrimonio tal cual la reconoce nuestra legislación hoy en día. En esa misma línea, presentaron sus opiniones técnicas las instituciones consultadas por la comisión, incluyendo Reniec, pronunciándose en contra de dicho proyecto de ley.
Y es que el progresismo intenta disfrazar como derecho humano varias figuras que de derecho no tienen un ápice: una es el mal llamado matrimonio igualitario, otra es el aborto, otra es la identidad de género, entre otros; cuestiones que nunca antes se habían abordado en tratados internacionales ni en la legislación peruana como derechos, y por tanto no forman parte del bloque de constitucionalidad que rige en nuestro país.
Este proyecto de ley fue consecuentemente archivado, y ¡el Perú continúa siendo un Bastión Profamilia en la región y el mundo!
Vamos por más.
