l Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) decidió retirar la pregunta sobre religión en el cuestionario del Censo de 2025, hecho preocupante considerando que, según el Censo de 2017, más de 3,26 millones de peruanos se identificaron como evangélicos, entre el 12 % y el 18 % confiesan esta fe, y habría más de 18 mil templos evangélicos a nivel nacional.
Con esta omisión, no solo se ignora el panorama real de las creencias de los peruanos, sino que, sobre todo, se prescinde de una medición fundamental para el diseño de políticas públicas que protejan los intereses de esta población. Siendo así, nos preguntamos: ¿qué hay detrás de esta omisión que limita la capacidad del Estado para cumplir con los tratados internacionales sobre libertad religiosa ratificados por nuestro país?
Como congresista, he solicitado de manera urgente: i) informe de parte del titular del INEI y ii) restitución de la pregunta en el Censo 2025 a como dé lugar. Este segundo pedido es esencial a la luz de lo acontecido en los últimos años, en que, por ejemplo, el “Enfoque de Género”, más allá de una creencia, se ha convertido en la religión de los Estados y buscan imponerlo por la fuerza usando el presupuesto público y el poder estatal.
Como muestra: en 2016, durante el gobierno de PPK, se introdujo oficialmente la ideología de género en el currículo escolar, acompañado de material titulado: “Las vizcachas rosadas”, “El caperucito rojo”, “Oliver es una nena”, etc., promoviendo así la confusión en la identidad sexual de nuestros hijos desde la escuela, a espaldas de sus padres.
Frente a esta injusticia que transgredió nuestro ordenamiento constitucional, legal y tratados internacionales de derechos humanos, muchos peruanos salimos masivamente a marchar a las calles, demostrando que el Perú es una nación, en su mayoría, creyente y con valores. ¿Qué pretende, entonces, el INEI y el Gobierno al borrarnos del mapa? ¿Es acaso avanzar con la dictadura ideológica que nos intenta imponer el globalismo? ¡No lo permitiremos!
El Ejecutivo ha vulnerado derechos fundamentales no solo a través del currículo, cuyo ente rector es el MINEDU; también lo hizo a través del MIMP, obligando a: i) que todo servidor público se capacite en ideología de género (DS 010-2022-MIMP) y ii) que toda entidad pública cuente con policías de pensamiento llamados “Oficiales de la Igualdad” (DS 013-2023-MIMP).
Las ONG progresistas bien dicen: “Si no me nombras, no existo”; saben muy bien que, para avanzar en su agenda, deben pervertir el lenguaje. Nosotros no pervertimos nada, simplemente pedimos que se restituya una acertada pregunta que siempre se ha hecho.
¡Cuidado con la discriminación por razón de religión en el censo nacional!
