El pasado martes 4 de abril, el Pleno del Congreso aprobó por 85 votos a favor (16 abstenciones y 16 votos en contra), el informe final de la “Comisión Investigadora multipartidaria encargada de determinar las posibles responsabilidades políticas, penales y administrativas a que hubiera lugar, en torno a las muertes ocurridas durante las protestas ciudadanas iniciadas el 28 de marzo de 2022” (moción 2348). Este informe había sido aprobado por unanimidad en dicha comisión, la cual tuve la gran responsabilidad de presidir.
Las turbulentas protestas que se iniciaron el 28 de marzo se prologaron hasta el 6 de abril, dejando el funesto saldo de 5 muertos y 4 heridos, enlutando a las regiones de Huánuco, Ica y Junín. Estas lamentables muertes y los heridos de gravedad (siendo que dos de ellos han perdido un ojo), pudieron evitarse, pues se trató de demandas no atendidas oportunamente por el gobierno liderado por el expresidente Pedro Castillo, y estuvieron principalmente motivadas en: 1) el alza del precio de los combustibles y 2) el incumplimiento de acuerdos suscritos con el Ejecutivo.
Entre las conclusiones del informe, se determinó respecto a los exministros Mirtha Vásquez Chuquilín y Aníbal Torres Vázquez, que existe responsabilidad política, administrativa y penal de parte de ellos, en mérito a la inobservancia de sus deberes claramente establecidos en la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el ROF de la PCM, y el Código Penal que regula la sanción por omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.
Pero también se ha recomendado al Poder Ejecutivo fortalecer sus oficinas de diálogo, gestión y prevención de conflictos sociales, y poner en marcha políticas públicas al respecto, en las que el Ejecutivo articule con los gobiernos regionales y locales a fin de comprender y solucionar los legítimos reclamos insatisfechos de la población más vulnerable.
Las muertes del menor de 13 años de iniciales BJPL, Candy Hinostroza, Jorge Maldonado, Alexander Trujillo, y Jhony Quinto, no pueden quedar impunes, y al contrario debería haber mayor celeridad pues justicia que tarda no es justicia.
En el mes del Día del Abogado, solo me queda decirles a mis críticos, quienes se han encargado de publicar extensas notas en contra de la comisión que presidí: que han sido 11 sesiones ordinarias, 6 sesiones extraordinarias y 1 descentralizada de una búsqueda indesmayable por la verdad, recogiendo los testimonios de los familiares de las víctimas y heridos de gravedad; y hoy puedo afirmar con profunda convicción que el Congreso ha hecho su trabajo.
Ahora está en manos de la Fiscalía de la Nación presentar las denuncias constitucionales contra los extitulares de la PCM, por hechos que nunca debieron ocurrir.
