El Pleno del Congreso ante la actual crisis política ha estado debatiendo como prioridad el adelanto de elecciones. Sin embargo, las bancadas de izquierda pugnan por un referéndum para una Asamblea Constituyente, que, según las últimas cifras de percepción ciudadana, no representa una preocupación para la mayoría de peruanos frente a las verdaderas demandas sociales latentes. Esto es más un capricho de quienes no tienen reparo alguno en patear el tablero de la democracia, en función a sus apetitos de un poder ilimitado, sin control.
En efecto: cuando el Poder Ejecutivo, Legislativo o cualquier otro órgano del Estado ejerce sus funciones, lo hace dentro de los límites que establece la ley, y pueden ser controlados por otro poder u órgano del Estado. Si, por ejemplo, el Congreso se excede o se equivoca, el Ejecutivo puede observar sus leyes, o el Tribunal Constitucional declarar la inconstitucionalidad de las mismas, ya que el poder del Congreso es un poder constituido, limitado. Igualmente si, por su parte, el Ejecutivo se excede, el Congreso lo fiscaliza, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial lo controlan.
En democracia existen estos pesos y contrapesos, pero una Asamblea Constituyente es un peso absoluto que obra por encima de los poderes constituidos, pudiendo incluso suprimir derechos fundamentales, o eliminar instituciones.
En todos los países donde esta consigna se ha instaurado, ha habido más fracasos que algún beneficio para la población, lo único seguro ha sido la aparición de una casta que concentra todo el poder en desmedro de los más necesitados, a quienes, por cierto, estaríamos afectando desde ya con una propuesta como esta, pues el referéndum por una Asamblea Constituyente podría costarnos 100 millones de soles, a lo que habría que sumarle 450 millones de soles, que según los expertos, valdría la instalación de dicha Asamblea, y los 1,500 millones de soles para el proceso de Elecciones Generales en este año 2023. Es decir, cerca de 2,100 millones de soles es lo que gastaríamos; presupuesto que equivale a la construcción de 14 hospitales, o 40 colegios o 600 kilómetros de carretera.
Por todo esto, una Asamblea Constituyente no solo es un nefasto despilfarro de dinero que nos roba oportunidades económicas, sino que abre las puertas al intervencionismo estatal, limita el libre desarrollo y la libertad de expresión, de parte de un régimen totalitario que buscará consolidarse con el tiempo negándonos la posibilidad de una justa sucesión democrática.
Nuestro país no se merece ese salto al vacío. No podemos jugar con el futuro de nuestros hijos y permitir que nos quiten aquello que tanto nos costó alcanzar. Hoy más que nunca, debemos cerrar filas contra la Asamblea Constituyente.
¡La democracia no es negociable!
