En mayo pasado el Congreso de la República aprobó por mayoría, la Ley Nº 31745, ley que declara de interés nacional la introducción de contenidos curriculares con la enseñanza de la historia de la subversión y el terrorismo en el Perú en las instituciones educativas a nivel nacional. Esta ley tuvo por finalidad también, promover el reconocimiento histórico de la lucha contra el terrorismo efectuada entre 1980 y 2000 que terminó con el logro de la pacificación nacional.
Esta iniciativa fue observada por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Congreso la aprobó por insistencia al valorar de suma importancia, el énfasis en la enseñanza escolar del período más sangriento que atravesó el Perú: la época del terrorismo.
Los detractores tienden a mal utilizar el concepto de “memoria histórica” al hablar de esta barbarie (llamando “conflicto armado interno” a lo que fue terrorismo), valiéndose de opiniones de la OEA, la ONU que no tienen mejor memoria sobre ese cruento pasado que nosotros los peruanos que lo sufrimos en carne propia.
Sin embargo, a la fecha vemos cómo esta precipitada ley aún no alcanza su cabal cumplimiento. Por eso hace pocos días asistí con las víctimas del terrorismo de la Fundación “Juana López” a una reunión con la ministra de Educación, Miriam Ponce, para requerirle la urgente aplicación de esta ley que impulsa la difusión de la verdad, la enseñanza de la historia sin sesgos, sin medias verdades, y con el uso correcto del lenguaje para no confundir a nuestros estudiantes.
Gratamente, la ministra informó que para el siguiente año se dotará de materiales exclusivos con dichos contenidos a todas las escuelas del país; y, que, además, MINEDU recibirá los testimonios de las víctimas de la insania terrorista a efectos de que también puedan ser incluidos en los contenidos.
De otro lado, es necesario informar que de los más de 4 mil profesores que firmaron los planillones del Movadef (brazo político de Sendero Luminoso), hasta la fecha solo se ha removido a 68 profesores con sentencias por terrorismo. Por esto, la ministra se comprometió a que –en coordinación con la Procuraduría General del Estado y el Ministerio del Interior– solicitará las acciones necesarias para que legalmente los aún docentes adherentes de Movadef que no cuentan con sentencia firme, puedan ser retirados del cargo, previo un debido proceso.
Finalmente, recordemos que el terrorismo no solo se alimenta de la división y el miedo, sino también del olvido y la indiferencia de las autoridades. ¡Por eso debemos seguir trabajando para que esta infausta historia nunca más se repita!
