La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) ha resuelto sancionar a la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), dirigida por el señor Gustavo Gorriti y el señor Carlos Rivera. APCI sanciona por primera vez —después de que se le otorgaran estas facultades— al IDL, por un monto de S/ 34,000, luego de detectar irregularidades en un financiamiento internacional que provenía de la Fundación Open Society, del magnate George Soros.
Este señor, conocido por su rol desestabilizador en la economía de varios países y expulsado de su propio país, Hungría, que además es el principal propulsor de la ideología de género a nivel internacional, le envió un millonario financiamiento a IDL, el cual, a su vez, suscribió convenios con seis ONG pequeñas, distribuyendo ese dinero. Pero resulta que una de estas seis ONG, que habría recibido parte de ese jugoso financiamiento internacional para supuestamente emprender un proyecto por la “Institucionalidad democrática con derechos ante riesgos y amenazas en contexto de pospandemia”, se llama COMISEDH y actualmente no se le encuentra, está como “No habida”; ni siquiera los propios amigos del IDL pueden ubicar dónde queda esta ONG.
En otras palabras, era un órgano de fachada. ¡Así se mueven las cosas a través de la cooperación técnica internacional! Y por eso es que APCI ha encontrado responsable a la ONG IDL por este desvío irregular de fondos.
A todo esto, por supuesto que IDL no se quedó de brazos cruzados: para contrarrestar esta situación, ha presentado una demanda de amparo contra la Ley 32301 —que es, precisamente, la ley que le otorga a APCI la facultad de poder fiscalizar a las ONG—, y está pidiéndole al Poder Judicial que la deje sin efecto. No dudo de que se trate de un juez al sastre que ahora los va a proteger de esta sanción que la APCI les ha impuesto. ¿Operación blindaje?
Por su parte, el Poder Judicial ha emitido un comunicado llamando a la citada ley: “La ley Anti-ONG”. ¿Dónde quedó la imparcialidad y la objetividad de la administración de justicia, si a través de un comunicado público el mismo Poder Judicial le llama Ley Anti-ONG a esta ley que le da las facultades a APCI para fiscalizar, y que está en consonancia con los principios de transparencia y fiscalización que nuestra propia Constitución recoge?
Esperamos que los señores del Poder Judicial pongan orden en casa, y que no caigan ante esta estrategia de protegerse de la fiscalización y de las multas que APCI le ha impuesto a esta ONG hija de George Soros, llamada IDL.
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