Con 88 votos a favor, 17 en contra y 13 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó el pasado 5 de mayo el Proyecto de Ley 904 que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos en el Perú. Mediante esta ley se hace efectivo el mandato del Artículo 13° de nuestra Constitución Política cuando señala: “Los padres de familia tienen el deber de educar a sus hijos y el derecho de (…) participar en el proceso educativo”.
En 2016, los padres de familia unidos conformaron el Colectivo de alcance nacional “Con Mis Hijos No Te Metas”, en base a que no existía un mecanismo de participación de los padres de familia en la elaboración y/o revisión del currículo educativo y los textos escolares. En aquel entonces, la ideología de género había permeado notablemente el currículo educativo, provocando multitudinarias marchas en distintas fechas, y en todas las regiones del país.
La Asociación “Padres en Acción” presentó una demanda de acción popular contra el currículo educativo en 2017, basándola fundamentalmente en dos argumentos: 1) Que los padres de familia no habían sido consultados, menos respecto al enfoque de género. 2) Que el enfoque de género al ser transversal, impedía a los padres de familia objetarlo. En resumen, el Estado había asumido de manera unilateral el rol de la enseñanza de la sexualidad desde la cosmovisión de la ideología de género, para nuestros hijos; vulnerando no solo el Artículo 13° que ampara el derecho de los padres a participar en el proceso educativo, sino también el derecho constitucional a la libertad de enseñanza, de conciencia y religión de los padres de familia. La Corte Suprema vergonzosamente rechazó la demanda.
De manera que el Proyecto de Ley 904 le otorga importante restitución al derecho de los padres de familia; su Artículo 3° ampara su participación en el proceso de elaboración de programas y contenido de los materiales, textos y recursos educativos para la educación básica, pudiendo conocer dicho material y hacer sugerencias antes de que sean repartidos a nuestros hijos. Los padres ahora estarán organizados y podrán velar para que episodios como el de los “links pornográficos” en textos escolares (2018) no vuelva a repetirse.
Una vez más quedó al descubierto el doble rasero de aquellas ONG que, por un lado, señalan que no podemos negarle al pueblo su derecho a opinar sobre una Asamblea Constituyente, y por otro, insisten en negarle a los padres de familia su derecho. Tal es la consigna por no perder sus privilegios oenegeros, que han armado toda una campaña de desinformación. Como dice el dicho: “Miente, miente que algo queda”.
¡Justicia para los padres de familia!
¡Objeción: No adoctrinen a mis hijos!
