Nuestros derechos constitucionales a la libertad de conciencia y de pensamiento están siendo cada vez más amenazados por la Ideología de Género, corriente totalitaria que tiene copado al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, desde donde se dictan medidas cada vez más acordes a la Agenda 2030 de la ONU, que a nuestra propia Constitución y a la defensa de nuestra soberanía nacional.
En efecto, no había aún acabado el 2023, cuando el gobierno de la señora Boluarte nos sorprendió en plenas fiestas de fin de año con la publicación de una nueva norma liberticida: El “Decreto Supremo N° 013-2023-MIMP que dispone la implementación de un Oficial de la Igualdad en las entidades públicas”, una especie de policía de pensamiento que, al fiel estilo orwelliano, se encargará de fiscalizar que todas las entidades públicas se sometan a la ideología de género. Esta norma se suma a una anterior, el “Decreto Supremo N° 010-2022-MIMP que dispone la capacitación obligatoria en enfoque de género para la prevención de la violencia y discriminación por género en la Administración Pública”. Ambas disposiciones no son sino la punta del iceberg de una política totalitaria que vulnera la libertad de creencias, pues no todos los peruanos creemos en el relato generalizado de la mujer como víctima de discriminación histórica, y el hombre como macho maltratador por naturaleza. Esta narrativa de terror ha permitido que las ONG feministas y de seudo derechos humanos lucren con el financiamiento de fundaciones y organismos internacionales prestos a meter sus narices en nuestro país con sus consignas ideológicas.
Este escenario demuestra la absoluta sumisión del Estado al lobby progresista internacional, y sus defensores lo justificarán bajo la excusa de buscar una sociedad más igualitaria y libre de violencia, sin considerar el alto precio a pagar por comprarse este embuste: La pérdida de la libertad.
Cabe agregar que el enfoque de género, desde que ha sido implementado, ha dado pésimos resultados como el que advirtió hace pocos días la viceministra de la mujer, Silvia Loli Espinoza, declarando que en 2023 la tasa de feminicidios aumentó en 18 casos respecto a 2022. ¿Y aun así se pretende capacitar de manera obligatoria en enfoque de género, a todo funcionario público? ¿Este es el enfoque que tendrá el Oficial de Pensamiento en cada entidad pública?
Estas acciones en contra los derechos y la libertad de los ciudadanos, incapacita moralmente a cualquier presidente para seguir gobernando una nación. Y por supuesto, desde nuestro despacho no nos quedaremos de brazos cruzados.
¡Seguiremos defendiendo la vida, la familia y la libertad!
Fuente: Expreso
