El mensaje presidencial debe girar principalmente en torno a la lucha contra la inseguridad ciudadana y la delincuencia.
Esto comprende la realización de acciones en diferentes niveles. En primer lugar, atender el problema del hacinamiento de los centros penitenciarios que impide la resocialización del reo, para lo cual se hace indispensable la construcción de nuevos centros penitenciaros.
Otro punto importante es anunciar la reforma del Sistema de Justicia y liderarla, a través de un proceso coordinado con los demás poderes del Estado y el Ministerio Público, para de esta manera, impedir que vuelva a pasar lo acontecido con el caso Lava Jato, sancionar a los jueces y fiscales que liberen delincuentes capturados en flagrancia y eliminar la influencia nefasta de las ONG en el Poder Judicial y la fiscalía, que ha traído como resultado la politización del sistema de justicia.
Asimismo, es necesario que la presidenta en su mensaje le diga a la ciudadanía cuáles son las acciones que desde el Ejecutivo se van a llevar a cabo para defender la soberanía del Perú frente a los excesos de los organismos internacionales y las ONG que representan agendas políticas contrarias a los valores y principios reconocidos en nuestra Constitución.
Durante años la actitud del Perú en materia de tratados y resoluciones ha sido muy pasiva. Se han firmado tratados como la ‘‘Convención Americana contra todas las formas de Discriminación e Intolerancia’’, que atenta contra derechos fundamentales como son el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión; o como el ‘‘Tratado de Escazú’’, que menoscaba la soberanía del Perú en materia de sus recursos naturales.
En el mismo sentido, el Perú debe mostrar una actitud firme ante los excesos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y exigir el respeto de lo acordado expresamente en el Pacto de San José por los Estados Parte.
Para ello es necesario que desde el Ejecutivo se disponga un cambio en nuestra política exterior, y así pasar de una participación pasiva hacia una activa, que ponga por encima los valores que la nación peruana ha plasmado en su Constitución por encima de las agendas extranjeras.
