RESTRICCIONES INCONSTITUCIONALES

El Gobierno ha anunciado que a partir del 10 de diciembre no se permitir谩 a nadie ingresar a ning煤n lugar cerrado, enti茅ndase; galer铆as, tiendas, farmacias, restaurantes, templos, etc.; si no ha recibido la vacunaci贸n completa contra el COVID-19, la que debe acreditarse con la presentaci贸n del carnet de vacunaci贸n virtual o f铆sico.

Si bien el art铆culo 137 de la Constituci贸n establece que en un Estado de Emergencia quedan restringidos los derechos relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reuni贸n y de tr谩nsito en el territorio; esto no significa que toda medida restrictiva de derechos fundamentales que el gobierno decrete al amparo de un Estado de Emergencia sea constitucional.

Esto obedece a una raz贸n; toda medida que restringe derechos fundamentales debe siempre interpretarse de manera restrictiva porque los derechos fundamentales se restringen, pero no se anulan, por tanto, no basta que el gobierno se encuentre habilitado por la Constituci贸n a restringir ciertos derechos, sino que adem谩s se le exige que dichas medidas superen lo que en derecho constitucional se conoce como el “Test de Razonabilidad”.

Como bien ha dicho el Tribunal Constitucional: “El test de razonabilidad (鈥) constituye un par谩metro indispensable de constitucionalidad para determinar la actuaci贸n de los poderes p煤blicos, sobre todo cuando 茅sta afecta el ejercicio de los derechos fundamentales. Para que la aplicaci贸n del test sea adecuada, corresponde utilizar los tres principios que lo integran: fin v谩lido e idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto.

En este caso exigir a personas sanas que acrediten haberse vacunado como requisito para ingresar a supermercados, tiendas o farmacias, es una medida que no pasa el test de razonabilidad, porque existen medidas menos gravosas para lograr el fin que se persigue.

Si lo que busca el Estado es impedir que el virus se propague, lo que debe exigir es que las personas que quieren ingresar a un lugar cerrado presenten una prueba molecular PCR tomada 72 horas antes.

El Estado no puede de manera encubierta sancionar a quienes sin estar contagiados no quieren vacunarse impidi茅ndoles ir a trabajar y a comprar, porque no puede castigarse el ejercicio leg铆timo de un derecho.

Finalmente, el ejecutivo ha dispuesto que las empresas con m谩s de diez trabajadores no podr谩n realizar trabajos de manera presencial a menos que todos sus trabajadores acrediten haberse vacunados lo que constituye una afectaci贸n al derecho al trabajo, el cual no se encuentra contemplado en el art铆culo 137 de la Constituci贸n.

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Columnista - Autor
Alejandro Mu帽ante Barrios

Congresista de la Rep煤blica. Defensor a ultranza de la vida, la familia, la patria y la libertad. Somos #BancadaCeleste

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