El Tribunal Constitucional (TC) mediante sentencia 370/2022 (expediente 00005-2020-PI/TC), ha resuelto en diciembre pasado que los condenados por terrorismo ya rehabilitados puedan postular a cargos públicos de elección popular. Ha priorizado así en esta demanda de inconstitucionalidad presentada en 2020, el derecho de participación política y el principio de resocialización del penado, frente a lo que dispone la Ley 30717 que, entre otros, modifica los artículos 107 y 113 de la Ley Orgánica de Elecciones, con la finalidad de prohibir que los condenados por delito de terrorismo puedan postular a los cargos de presidente, vicepresidente, congresista de la República; y representante ante el Parlamento Andino.
Nuestra posición es que la Ley 30717 es perfectamente constitucional y democrática, ya que hace prevalecer el bienestar común por encima de los apetitos personales de quienes fueron alguna vez artífices del terror en nuestro país. Si bien el derecho a la participación política está consagrado en el artículo 2 num 17 de nuestra Constitución, no es menos cierto que el orden democrático pesa sobre cualquier derecho particular de un individuo, tanto más si la historia ha demostrado que estas personas sentenciadas por terrorismo una vez cumplida su condena, persisten en sus consignas violentistas. Ahora mismo, en la actual coyuntura política, se ha evidenciado que ciertos azuzadores de estas marchas del caos tienen entre sus filas a gente vinculada a Movadef o que ha sido sentenciada por terrorismo. Por cierto, alejados de toda razón piden a la presidenta Dina Boluarte, una lista de peticiones que se hallan al margen de la ley como son: la restitución de Pedro Castillo (tema que es competencia del Poder Judicial), el cierre del Congreso (que tiene mecanismos constitucionales propios como la negación de la confianza en dos oportunidades), Asamblea Constituyente (no regulada en nuestra Constitución).
Por todo esto he presentado una ley de reforma constitucional (3911/2022-CR) como ley remedio frente al fallo del TC, porque los peruanos no podemos permitir que un sentenciado por terrorismo y traición a la patria llegue a ser presidente de la nación; o que un sentenciado por rebelión y sedición sea congresista del país. Aquellos que enarbolaron el terror como arma de presión política no pueden utilizar la democracia para hacerse del poder. La democracia no puede ser boba; necesitamos garantizar la idoneidad y legitimidad de aquellos que conducirán los destinos del país.
Con la aprobación de esta ley, los sentenciados por terrorismo, narcotráfico, traición a la patria y todo delito contra la seguridad y el orden constitucional no podrán acceder a cargos de elección popular aun cuando hayan cumplido su pena.
No permitamos que la historia se repita.
¡Terrorismo nunca más!
