El pasado 19 de octubre, el presidente Castillo brindó un mensaje a la nación para comunicar que ha solicitado a la OEA, la activación de la Carta Democrática, instrumento que le serviría para evitar lo que él califica como una “grave alteración al orden democrático en el Perú”.
Mientras reconocidos constitucionalistas, analistas y políticos debatimos las posibles salidas constitucionales a la crisis política originada por los actos de corrupción en que habría incurrido el mandatario, plasmados de manera prolija en la denuncia constitucional de la Fiscal de Nación, Patricia Benavides, el presidente recurre a un organismo internacional para claramente defenderse de las investigaciones fiscales en su contra. Penosa actitud que parece evidenciar la utilización de la OEA como ente de padrinazgo internacional de los presidentes de turno, porque finalmente son ellos los que desembolsan el dinero que necesita para seguir operando.
No sería la primera vez que se haya hecho este pedido a la OEA, ya tenemos precedente con el exmandatario Alejandro Toledo también acusado por graves actos de corrupción. Una constante que ha provocado que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lance duras críticas hacia este organismo al que acusa de ser una organización internacional protectora de delincuentes[1].
Sorprende además la celeridad con que ha actuado el Consejo Permanente de la OEA, que, a menos de un día del anuncio del presidente, ha hecho pública su resolución de respaldo al gobierno actual, informando que enviará a un grupo de Alto Nivel para que analice la situación del Perú e informe a dicho Consejo. ¡Ya quisiéramos esa misma rapidez de la OEA cuando acudimos a ellos por la vulneración de nuestros derechos fundamentales y nuestra libertad! Nos preguntamos si han elaborado también algún informe por los atentados contra la libertad de prensa o contra la tranquilidad pública que se hacen desde palacio de Gobierno.
En cuanto a nosotros, representantes de la nación, y ciudadanos informados con derecho a ejercer control político y conocer la verdad, nos corresponde defender nuestra soberanía, contra este pedido de intromisión por parte del Ejecutivo.
Esperamos que esta delegación de la OEA visite el Congreso de la República, la Fiscalía, el Poder Judicial, el Consejo de la Prensa peruana y otras instituciones para que tengan más claro el panorama, porque si de Estado de Derecho hablamos, todos, absolutamente todos, debemos respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes.
