La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el marco de su función constitucional de persecución del delito dio a conocer el 11 de octubre la presentación de una Denuncia Constitucional contra el presidente Pedro Castillo, en que también están inmersos los exministros Juan Silva Villegas (Transportes y Comunicaciones), actualmente prófugo; y Geiner Alvarado (Vivienda), todos acusados de pertenecer a una presunta organización criminal, y haber cometido los delitos de tráfico de influencias y colusión en los casos de “Ministerio de transportes”, “Ministerio de Vivienda”, “Puente Tarata”, “Petroperú”.
En su disertación la Fiscal destacó que la investigación corre peligro por la constante obstrucción proveniente del poder político; y que será responsabilidad del Congreso atender la denuncia constitucional y mostrar una posición unánime en la búsqueda de la verdad, y en la lucha contra la corrupción. La Fiscal se refirió a las graves sospechas de beneficios económicos a cambio de puestos claves, el cobro de porcentajes de las licitaciones, y el uso ilícito de las facultades presidenciales.
¿Y qué posición adoptó el Poder Ejecutivo frente a la denuncia? Pues era predecible. Continúan con el mismo discurso de victimización desde hace varios meses, no han cambiado el libreto; la narrativa y la táctica es la misma: Atacar al mensajero, pues se han dedicado a lanzar ataques personales contra Congresistas, y contra la propia Fiscal de la Nación, pero ¿pronunciamiento de fondo sobre los hechos materia de investigación? Ninguno. Seguramente porque no hay mucho que defender.
¡Ya es hora de que los peruanos tengamos bien identificado este discurso de victimización! Hoy tenemos en concreto una denuncia constitucional con fundamentos fácticos y jurídicos a los que el Congreso agregará el fundamento político, a fin de dejar que el Ministerio Público y más adelante, el Poder Judicial, hagan su trabajo.
Porque no es el Congreso el ente responsable de investigar o sancionar. Los Congresistas no necesitamos indicios para aprobar este antejuicio sobre la base de esta denuncia constitucional prolijamente sustentada por la Fiscalía en sus más de 300 páginas.
Como mencionaba, no es competencia del Congreso investigar o sancionar. Simplemente vamos a permitir que las investigaciones se sigan realizando, porque la Fiscalía terminó una investigación preliminar, y ahora solicita el aval del Congreso de la República para continuar investigando. A raíz de estos indicios de la Fiscalía, reconocidos constitucionalistas se han pronunciado incluso a favor de debatir la suspensión temporal del presidente, cuyo procedimiento he propuesto a través de un proyecto de ley.
A estas alturas puedo decir con toda firmeza: ¡Nos llamaron golpistas, obstruccionistas y sediciosos, pero siempre estuvimos del lado correcto!
