Recientemente, la Comisión de Constitución del Congreso de la República aprobó el dictamen recaído en el Proyecto de Ley 9432 de mi autoría, que propone retornar a la posibilidad de que las empresas también puedan financiar a los partidos políticos, una medida que quedó prohibida en el período del Vizcarrato tras varios escándalos de corrupción, entre ellos, el del denominado “Club de la Construcción”.
En línea general, el objetivo de la iniciativa legislativa no es solo que exista financiamiento privado de parte de personas jurídicas nacionales (actualmente la Ley de Organizaciones Políticas solo permite el financiamiento público del Estado y el de las personas naturales), sino que, sobre todo, este se lleve a cabo de manera transparente y, si se quiere, confidencial. Se trata de darle oportunidad a la economía formal de financiar a los partidos de su preferencia con topes establecidos y con una férrea supervisión de la legalidad de dichos fondos por parte de los organismos competentes, como el Banco de la Nación y la ONPE.
De ninguna manera podemos permitir que las economías ilegales sigan financiando a candidatos y organizaciones políticas, como de hecho ha venido sucediendo.
Pero, ¿cuáles son estas innovaciones aprobadas que modificarán la Ley de Organizaciones Políticas para garantizar una mayor participación de la ciudadanía en la vida política del país? Las podemos resumir en lo siguiente:
Los partidos políticos podrán recibir financiamiento no solo de personas naturales, sino también de personas jurídicas nacionales, tal como lo habíamos mencionado.
El aporte anual de un mismo aportante a una organización política no deberá superar el equivalente a 200 UIT; además, el total de sus aportes a todas las organizaciones políticas no puede exceder de las 500 UIT.
A partir del 25% de una UIT, el dinero será necesariamente bancarizado, lo que garantizará una mayor transparencia.
Las personas naturales y jurídicas nacionales podrán realizar aportes confidenciales con un límite máximo del 40% del tope establecido (es decir, el tope de las 200 UIT) por partido político, exclusivamente a través del Banco de la Nación, lo que garantizará efectivamente la confidencialidad (evitando todo tipo de persecución política por ser aportante).
El Banco de la Nación deberá enviar a la ONPE un informe con los aportes recibidos, asegurando la supervisión de la legalidad de los fondos y prohibiendo los aportes de personas condenadas por corrupción o terrorismo.
Esperamos la amplia aprobación de esta ley en el Pleno del Congreso, pues estaría fortaleciendo notablemente la participación ciudadana en el quehacer político y, por supuesto, el derecho constitucional a elegir y ser elegidos.
¡Proyecto de Ley 9432 sí va!
