El pasado miércoles 20 de noviembre, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó, por una ajustada votación, una ley de contrabando bajo el rótulo de “Unión Civil”, generando un amplio debate con dos posiciones fuertemente contrapuestas, dando como resultado: 12 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones.
Por un lado, el autor del Proyecto de Ley 2803/2022-CR, el congresista Alejandro Cavero, hizo mención a la libertad, a la igualdad y hasta al “amor al prójimo”. Por otro, los oponentes denunciábamos una grave transgresión a nuestra Constitución; al Código Civil; pero, esencialmente, a la institución en sí del matrimonio, el derecho de sucesiones, y los deberes y derechos relacionados.
En efecto, los artículos 4 y 5 de nuestra Constitución Política señalan con claridad que la comunidad y el Estado promueven el matrimonio. Asimismo, este se prescribe como la unión voluntaria entre un hombre y una mujer libres de impedimento matrimonial.
Adicionalmente, nuestro Código Civil ya regula las uniones de hecho entre hombre y mujer, de manera que el texto aprobado es engañoso cuando dice que opera tanto para uniones de personas del mismo sexo como de personas del sexo opuesto.
Lo cierto y concreto es que, mediante esta norma infraconstitucional, se pretende aprobar el matrimonio gay encubierto, dado que, como ya hemos mencionado, se le otorga a este tipo de uniones derechos y obligaciones patrimoniales, sucesorias y hasta de familia que corresponden al matrimonio.
Ya el Tribunal Constitucional, en su última sentencia, en el Caso Ugarteche y en el Caso de la congresista Susel Paredes (reconocimiento de matrimonio homosexual celebrado en el extranjero), ha puntualizado que las uniones reconocidas en el Perú son entre un hombre y una mujer. Si esto se quiere cambiar, tiene que pasar necesariamente por una reforma constitucional.
Se está queriendo crear, en la práctica, un nuevo estado civil que, por supuesto, no es inscribible en RENIEC, que, por cierto, fue una de las entidades que remitió su opinión técnica desfavorable en contra del citado proyecto de ley.
Ninguna autoridad en este país tiene la facultad de modificar, suprimir o desnaturalizar la institución de la familia. Por eso nos oponemos y nos opondremos siempre a toda iniciativa que pretenda relativizar su concepto y vaciarla de contenido.
Desde aquí, nuevamente quiero agradecer a todas las asociaciones y colegas congresistas que se sumaron a nuestra posición, la cual sabremos defender en el Pleno; porque habremos perdido una batalla, pero no la guerra.
¡No a la Unión Civil!

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Columnista - Autor
Alejandro Muñante Barrios

Congresista de la República. Defensor a ultranza de la vida, la familia, la patria y la libertad. Somos #BancadaCeleste

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