Recientemente, el Pleno del Congreso de la República aprobó la ley que elimina la inimputabilidad de menores de edad, pero no por la comisión de cualquier delito, sino de delitos calificados como graves, tales como: extorsión, sicariato, homicidio calificado, violación sexual, entre otros. Además, la ley se limita a sancionar penalmente a los menores de 16 y 17 años.
Entre las voces contrarias al proyecto de ley, fue notoria la campaña en contra de UNICEF (ONU), entidad que, a través de un comunicado, señaló que «la Convención de los Derechos del Niño (CDN) establece que los adolescentes no pueden ser juzgados ni sancionados como adultos». Sin embargo, los artículos que cita, el 37° y el 40°, jamás señalan eso. Lo que sí dicen es que los Estados tomarán las medidas apropiadas para establecer leyes, procedimientos e instituciones específicas para juzgar a los menores. Además, disponen que son los propios Estados quienes fijan la edad mínima de inimputabilidad; es decir, no lo prohíbe (Art. 40.3 CDN).
Puntualmente, lo que se busca con la eliminación de la inimputabilidad para los menores de 16 y 17 años que cometan delitos graves es: primero, prevenir el delito, desincentivando la delincuencia en este grupo etario a través de la eliminación de los beneficios judiciales de los que hoy gozan por ser menores, como la reclusión en centros juveniles con penas ínfimas y beneficios procesales que solo deberían tener los niños. Segundo, el establecimiento de un centro penitenciario especial donde vayan a parar estos menores, a efectos de ser atendidos con verdaderos programas de resocialización, y no como sucede ahora: que los centros de rehabilitación juvenil se han convertido en verdaderas escuelas del delito.
Y aquí no estamos inventando la pólvora. Países de la región, como Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México, entre otros, así como países europeos como Alemania, Italia, España y los países nórdicos, ya establecen la responsabilidad penal de los menores de edad.
¡Que no te engañen! Los adolescentes de 16 a 17 años no son infantes, mucho menos criaturas. Si cometen delitos como un adulto, deben responder ante la justicia como un adulto.
¡Sí al financiamiento privado a los partidos políticos!
Recientemente, la Comisión de Constitución del Congreso de la República