Ahora que el señor Salas Arenas ha salido a defenderse con un comunicado de las críticas que le han llovido en torno a la declaración de la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O., y los halagos que ha recibido el señor Villena por haber conseguido este logro, es preciso informar a través de esta columna sobre todos los pormenores de este famoso caso.
Para iniciar, cabe señalar que el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas señala con bastante claridad que un partido político puede ser declarado ilegal si incurre en prácticas abiertamente antidemocráticas. Sin embargo, ni el señor Salas Arenas ni el señor Villena han actuado de oficio, a pesar de que este dispositivo legal tiene más de 20 años en nuestra legislación.
Con respecto al señor Salas Arenas, debo señalar que el artículo 2 de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) establece que es fin de los partidos políticos asegurar y defender el sistema democrático. A esto se le suma la Resolución 0223-2023, que habla de la posibilidad de ejercer un control ex post a los partidos políticos una vez que estos hayan sido inscritos. Sin embargo, al parecer, al señor Salas Arenas se le olvidó esta función. Siendo así, el 23 de febrero —el mismo día que envié los oficios tanto a la Fiscalía de la Nación como a la Defensoría del Pueblo— le señalé que él tenía esa obligación. Pero, lejos de asumir su responsabilidad histórica, se paseó en diversos medios de comunicación señalando lo contrario e incluso fungió de abogado del señor Antauro Humala al justificar su inscripción, indicando que este no era parte de la cúpula del partido y que las siglas A.N.T.A.U.R.O. eran una mera casualidad.
En cuanto al fiscal Villena, le enviamos oficio en febrero y marzo de este año, respectivamente, y el caso fue a parar ante un fiscal provincial, quien resolvió que no era competente para conocer esta denuncia y, por tanto, la archivó. Así las cosas, le enviamos un nuevo oficio el 14 de julio de este año para recordarle el artículo 14 de la LOP; y gracias a que este oficio se hizo público, en agosto, la Fiscalía formalizó la denuncia penal ante la Corte Suprema, que hoy, como ya sabemos, ha fallado en primera instancia declarando la ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O.
Dicho esto, dejamos bastante en claro que no permitiremos que quienes se levantaron en armas contra la democracia pretendan hoy utilizarla para acceder al poder. Más aún cuando hay autoridades que, en lugar de asumir su responsabilidad, se lavan las manos.
¡La democracia no puede ser boba!
¡Sí al financiamiento privado a los partidos políticos!
Recientemente, la Comisión de Constitución del Congreso de la República