En una evidente injerencia de poderes habría incurrido el Poder Judicial, el cual a través del Tercer Juzgado Constitucional de Lima ordenó al presidente e integrantes de la Comisión especial encargada de seleccionar a candidatos a Defensor del Pueblo, la suspensión provisional del procedimiento de elección hasta que culmine el proceso de amparo incoado. Esto ocurre precisamente a escasos días de que dicha comisión había definido su propuesta de tres candidatos finales para la Defensoría.
El artículo 161 de la Constitución establece que le corresponde al Congreso la elección y remoción del defensor del Pueblo. Por tanto, ante esta abierta intromisión por parte del Poder Judicial (cabe mencionar, por cierto, que varios jueces de primera instancia, tienen la condición de provisionales), corresponde inmediatamente presentar una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, pues de ninguna manera se le puede prohibir al Parlamento cumplir su función constitucional.
En efecto, y a pedido del suscrito y otros congresistas, el pasado 9 de agosto, la Junta de Portavoces acordó interponer demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, y será materia de agenda en el Pleno del Congreso, el cual también en mayo logró finalmente llevar a cabo la elección de los seis magistrados al Tribunal Constitucional. Esta elección no debería ser la excepción.
El defensor del Pueblo, titular de esta institución creada en 1993, tiene a su cargo importantes funciones prescritas en el artículo 1 de su Ley Orgánica, como son: la defensa de los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de la comunidad, la supervisión del cumplimiento de los deberes de la administración pública y de la prestación de los servicios públicos; y creemos que no es posible que el defensor de Pueblo actual tenga el mandato vencido desde septiembre de 2021, y que el Congreso tenga que estar maniatado, impedido de ejercer el derecho que la Constitución le faculta, y menos en virtud de una arbitraria resolución de otro poder del Estado.
Reafirmamos que la independencia y el equilibrio de poderes es importante en una democracia, por tanto debemos rechazar todo atisbo de intrusión entre poderes. Asimismo, es importante respetar y cumplir los plazos constitucionales, las leyes están para cumplirse.
Defensor del Pueblo ¡Ya!
