Si hay en el Perú verdaderos intocables, a mi juicio, serían los magistrados del Tribunal Constitucional, y lo son por dos principales razones: son los únicos altos funcionarios que ejercen su mandato con periodo vencido y sin fecha de caducidad a la vista, y por revestir de “constitucional” nefastas decisiones que han sido conducidas contra la institucionalidad democrática.
Además, si hay algún precedente que le dejan a nuestro país por el cual serán recordados, no es precisamente por alguna loable sentencia ajustada a la Constitución, sino más bien por un marcado sesgo ideológico de izquierdas que en mayoría, salvo honrosas excepciones, saben reflejar muy bien en los fallos que emiten, los cuales más parecen ser producto de un maquiavélico contubernio que de un debate técnico e independiente.
Sin duda un tribunal de ensueño para un próximo gobierno marxista-leninista que aspira a subvertir el orden constitucional.
Votan en comparsa, anularon votos de sus antecesores, dejaron sin efecto sólidos precedentes, adelantan opinión cada vez que quieren, avalan golpes contra la separación de poderes, se aferran al cargo zurrándose en las decisiones del Parlamento, etc., etc.; en otras palabras, este peculiar TC hace lo que le da su gana.
Sólo recordemos que, con cuatro votos a favor, rechazaron la incorporación de Gonzalo Ortiz de Zevallos como nuevo miembro de su casa.
Lo que desde luego resultó una total contradicción, puesto que, si ya habían decidido en una anterior resolución darle la razón al vacado presidente Vizcarra y su famosa teoría de la negación fáctica de cuestión de confianza, precisamente por haberse elegido al mencionado abogado, lo más lógico era de que debía asumir el cargo, aunado a que la disolución debió haber operado al día siguiente de su publicación en el diario oficial El Peruano, pero, ¿qué creen? No les dio la gana.
Y por todo eso, son la niña de los ojos de caviares y socialistas, que estarán dispuestos a sacrificar sus privilegios con tal de mantenerlos en el poder, aún si eso significa tirarse abajo un poder del Estado, tal como ocurrió con el anterior Congreso, cuyos representantes osaron reemplazarlos en un proceso de selección que terminó con una disolución lagartoide.
¡Y qué decir ahora! Vaya, y es que, como ya no pueden disolver el Congreso actual, utilizan la intromisión de otro poder del Estado, en este caso del Poder Judicial, a través de una aberrante medida cautelar emitida por una investigada jueza supernumeraria de primera instancia que ha ordenado a un poder del Estado no cumplir sus funciones constitucionales.
¿Cómo la ven?
Un tribunal que ayer avaló un golpe contra el primer poder del Estado para dejar sin fiscalización a un gobierno corrupto, mañana podría avalar otro para dejar servida la mesa a los que pretenden subvertir el orden democrático con una inconstitucional asamblea constituyente.
¡Parlamentarios, hagan su trabajo!
