El intento fallido de golpe de Estado declarado el 7 de diciembre de 2022 por el expresidente Pedro Castillo, quedará registrado en la historia como una intentona nefasta para la democracia y el Estado de Derecho. Afortunadamente, las instituciones de nuestro país cerraron filas y frustraron el plan. Desde el Congreso de la República se declaró la vacancia del presidente, y posteriormente se produjo su detención al imputársele la comisión de los delitos de rebelión y conspiración, seguido de los delitos de abuso de autoridad y de grave perturbación de la tranquilidad.
Es preciso recalcar que de parte del Congreso se trató de un juicio político practicado al expresidente y no de un juicio penal que pretendía sancionarlo. Como bien ha señalado el Tribunal Constitucional -basado en la doctrina de Bidart-, lo que se perseguía era acusar una responsabilidad política del presidente, separándolo de su alto cargo dado que su permanencia en el gobierno se tornaba perniciosa, peligrosa para nuestra democracia.
Ciertamente el juicio político y antejuicio político son prerrogativas a favor de altos funcionarios establecida en el artículo 99 de nuestra Constitución, ante la infracción a la Constitución o por todo delito que se cometa en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el Tribunal Constitucional ha zanjado esta discusión de si correspondía o no al expresidente Castillo esta prerrogativa. Se ha dejado claro que esta no es aplicable a presidentes de facto.
En efecto, el máximo intérprete de la Constitución, el Tribunal Constitucional (TC) declaró improcedente el recurso de Habeas Corpus presentado por Pedro Castillo quien cuestionaba su detención en flagrancia al sentirse acorralado por las acusaciones de corrupción en su calidad de presidente de la República. Al respecto, el TC manifestó que el exmandatario vulneró “grotescamente” el orden constitucional. En el fundamento 36 de la sentencia, el Colegiado aprecia que el Congreso de la República actuó con “legítima celeridad en el contexto de una situación excepcional de emergencia” al declarar la vacancia de Castillo Terrones en su intento de “implantar un gobierno de facto, con la consiguiente destrucción o aniquilamiento de las instituciones republicanas”.
Con esta decisión, se pone fin al debate sobre este funesto intento de golpe de Estado que nunca más debe repetirse en un país democrático. ¡Golpistas nunca más!
