Ningún sentenciado por graves delitos debe tomar el poder

Estimado lector, quiero empezar esta columna haciéndole un par de preguntas. ¿Usted permitiría que un sentenciado por abuso de niños sea docente en el colegio de sus hijos? ¿O que un sentenciado por robo agravado se encargue de la seguridad de su casa? Estoy seguro de que su respuesta es un rotundo: “No”.

Este simple ejercicio lógico es el que planteo para sustentar la importancia del proyecto de ley 3911, que impide que, sentenciados por terrorismo, tráfico ilícito de drogas, violación de la libertad sexual, colusión, peculado, corrupción de funcionarios, homicidio, trata de personas, secuestro, contra la seguridad nacional, y traición a la patria contra los poderes del Estado y el orden constitucional, puedan postular a algún cargo en la función pública o cargo de elección popular, hasta 10 años después de haber sido rehabilitadas después de su condena.

Mi propuesta original era que sean impedidos de por vida, pero en el debate en la Comisión de Constitución se presentó un texto sustitutorio. Al cierre de este artículo, el Pleno del Congreso de la República cuenta en su agenda con este proyecto de ley listo para debatir, y dado que es una iniciativa de reforma constitucional se necesitará de 87 votos, y una segunda votación de igual número en la siguiente legislatura.

Son cientos de exterroristas y miles de condenados por otros delitos que tranquilamente podrían postular a cargos públicos o de elección popular si no aprobamos esta ley. No permitamos que personajes nefastos que un día se levantaron contra el Estado peruano, y hasta derramaron sangre inocente de civiles y policías lleguen al poder. Aunque esta ley no está dirigida específicamente a Antauro Humala, figuras funestas como él por supuesto que están incluidas.

Hablando precisamente del señor Antauro Humala, sabemos que está buscando alianza con Juntos por el Perú, un partido liderado por Verónica Mendoza que nada tiene que hacer con el tipo de izquierda radical del precitado personaje, dado que Mendoza defiende más bien a una izquierda “progresista”, de oenegés; pero les importa poco o nada esta unión contra natura, con tal de no perder su cuota de poder y no desaparecer del espectro político.

Dios nos libre de tener presidentes, gobernadores regionales, alcaldes y demás funcionarios, sentenciados. Yo espero una votación mayoritaria de amplio consenso de parte de mis colegas congresistas, porque aquí verdaderamente vamos a saber quiénes están realmente del lado de la democracia, y quienes defienden a capa y a espada el seguir destruyendo el Estado de derecho vía una revolución radical que simplemente ha cambiado las armas por las urnas.

¡No lo permitamos!

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Columnista - Autor
Alejandro Muñante Barrios

Congresista de la República. Defensor a ultranza de la vida, la familia, la patria y la libertad. Somos #BancadaCeleste

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