Si hay una materia pendiente de reforzar en este nuevo año legislativo es sin duda, con prioridad, la defensa irrestricta de nuestro fuero parlamentario ante cualquier amenaza o maniobra política inconstitucional venga de donde venga. Es por eso importante resaltar que el Congreso es la primera asamblea de la nación, la que representa nuestras voces, la que salvaguarda la democracia.
Bajo este principio, el Pleno del Congreso aprobó el pasado martes 16 de agosto, iniciar una demanda competencial por interferencia del Poder Judicial en una competencia exclusiva del Congreso: la elección del Defensor del Pueblo.
La motivación reflejada en esta acción competencial es el rechazo al hecho de que un juez de primera instancia mediante medida cautelar, haya trabado la elección del nuevo Defensor del Pueblo que estuvo a cargo de una anterior comisión del Congreso. Sin embargo, este juez no contento con ello, extendió los alcances de su resolución a la nueva comisión que se formó como remedio de la anterior.
Así las cosas, invocamos al Tribunal Constitucional en su condición de máximo intérprete de la Constitución, a dilucidar esta controversia: ¿Puede un juez frenar un procedimiento exclusivo y excluyente del Congreso, que además constituye una obligación constitucional?
A mi juicio, esta resolución judicial es, a todas luces prevaricadora, pues desconoce preceptos constitucionales básicos como la no sujeción de los congresistas a mandato imperativo. Los congresistas no responden ante autoridad judicial o administrativa alguna por sus votos.
El Congreso por su esencia y sus deberes funcionales está llamado a cumplir con el mandato popular, y no claudicar ante intereses particulares. Ningún grupo o sindicato está por encima de la Constitución y las leyes; ningún grupo o sindicato puede estar por encima del legítimo interés de la población a contar con un nuevo Defensor del Pueblo, tal como lo establece nuestra Carta Magna.
¡No a la interferencia de poderes!
