En los últimos días, el tema migratorio ha vuelto a estar sobre el tapete. Esto coincide con el incremento de la delincuencia e inseguridad; podemos citar algunos casos conocidos: el del sereno, Luis Manrique Pizarro, baleado en Surco; el de Katherine Gómez, quemada viva con subsecuente deceso; el de Marco Caro Núñez, apuñalado por un limpiaparabrisas; y podríamos seguir. Pero, ¿qué tienen en común estas muertes? Que las víctimas son peruanos que perdieron la vida a manos de ciudadanos venezolanos.
Evidentemente, haber dejado nuestras fronteras abiertas para recibir a toda clase de inmigrantes fue un craso error del expresidente Vizcarra, que firmó un pacto migratorio nocivo para nuestra integridad. Y antes de continuar, seamos claros contra quienes nos acusan falsamente de xenofobia: como Estado, tenemos que trabajar pensando no solo en la seguridad de los peruanos, ¡sino aun de los propios extranjeros de bien, que viven en nuestro país!
Nuestro sistema penal y penitenciario tiene que cambiar, y no es una petición que se nos ocurra; el art. 44 de nuestra Constitución establece que es deber del Estado: “Proteger a la población de las amenazas contra su seguridad”, y concuerda con la política de Estado I, núm. 7 del Acuerdo Nacional que indica como objetivo: la “Erradicación de la violencia y fortalecimiento del civismo y de la seguridad ciudadana”. En cuanto al presupuesto destinado a la manutención de los presos, solo en el caso de extranjeros, le cuestan al Estado un aproximado de S/ 26.50 diarios por concepto de salud, seguridad y alimentación; o sea una inversión de casi S/ 25 millones.
Ante esta ola de violencia he promovido en la Comisión de Justicia, el dictamen de dos proyectos de ley referidos a la seguridad ciudadana: 1) PL 621 que regula el proceso de expulsión inmediata de extranjeros en casos de flagrante delito, 2) PL 618 que declara como imputables a adolescentes de 16 y 17 años; pues si tienen edad para matar también tienen edad para ser procesados por la justicia.
El Ejecutivo debería empoderar mucho más a la Policía destinándole mayores recursos para reforzar el control fronterizo contra la inmigración ilegal. ¡En buena hora dispusieron la presencia de las FFAA! Era lo que correspondía hacer.
¿Es xenofobia velar por la seguridad de todos? Por supuesto que no. Y, es más, agregaríamos otras propuestas, por justicia: 1) Que los presos trabajen, 2) Que menores de 16 y 17 años sean imputables por delitos graves, 3) Expulsión inmediata de extranjeros que delinquen, 4) Cadena perpetua para corruptos, asesinos y violadores de mujeres, 5) Que renunciemos a la Corte IDH si esta sirve solo para defender derechos de los delincuentes y no de quienes realmente queremos la paz y el progreso de nuestro país.
