El pasado miércoles 08 de junio la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso aprobó el dictamen del Proyecto de Ley N° 619/2021-CR que propone la creación de la Comisión Especial Revisora del Código de Ejecución Penal, que integrará a los tres poderes del Estado y a organismos constitucionales autónomos tales como la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público; y por supuesto el Consejo Nacional Penitenciario.

Durante mi participación en la Comisión como autor del proyecto, recordé lo preocupante que resulta que en nuestro país no se cumpla la finalidad de la pena que en teoría ha de ser la reinserción del reo: La reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado en la sociedad (Art. II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal).

Sin embargo, los problemas del sistema penitenciario tales como la deficiente infraestructura, la sobrepoblación carcelaria, la falta de servicios y de recursos humanos hacen imposible el cumplimiento del fin del sistema, y los centros de reclusión se convierten más bien en escuelas de adiestramiento para delinquir.

Estos problemas, especialmente el de hacinamiento, han sido objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional, máximo órgano de interpretación y control de la constitucionalidad, que ha afirmado que nos encontramos ante un “estado de cosas inconstitucional” al señalar que el Estado lejos de intentar garantizar un trato humano a los reclusos, solo se justifica en temas presupuestales y no toma medidas concretas para reducir la sobrepoblación carcelaria cuya magnitud imposibilita la defensa de los derechos fundamentales de estas personas (Sentencia del Expediente 05436-2014- PHC/TC).Como cita un principio de la administración “lo que no se puede medir no se puede controlar”.  

A propósito, cabe recalcar la importancia de la labor preventiva de las penas, y por qué es indispensable separar a las personas que vulneran bienes jurídicos protegidos por el Estado, como son: la vida, el cuerpo y la salud; la dignidad humana; el honor; la familia; la libertad; el patrimonio; el orden económico, entre otros. Según el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) en el Perú se reportaron 11 delitos por cada hora en 2021, y aumentaron en 18% respecto al año anterior 2020. Esto solo refleja una sociedad insegura a la cual es necesario fortalecer.

Por tanto nos parece de suma importancia la aprobación de esta iniciativa legislativa de crear una Comisión Especial encargada de elaborar un Nuevo Código de Ejecución Penal, porque más allá de la potestad sancionadora del Estado traducida en prevenir (a través de las sanciones del Código Penal), se necesita un abordaje integral con los diversos actores involucrados para que el Estado pueda cumplir la finalidad de resocializar al interno que, aunque con restricciones, sigue siendo miembro de la sociedad, pasible de regresar.

¡No más escuelas del delito!

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Columnista - Autor
Alejandro Muñante Barrios

Congresista de la República. Defensor a ultranza de la vida, la familia, la patria y la libertad. Somos #BancadaCeleste

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