Decía Platón: “El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”. La política nos va a afectar sí o sí, participemos de ella o no, esta afecta nuestra vida cotidiana como ciudadanos sujetos a un orden que prevé nuestra conducta en sociedad para lograr un mayor beneficio común para la nación; y es bajo esa misma premisa, que tenemos el derecho constitucional a participar en la vida política del país (Art 2, inc 17 Const). Desentendernos de ella, o peor aún, abdicar del mandato popular conferido no mejorará las cosas; al contrario, estaríamos dejando el campo libre para aquellos que pugnan por una sociedad totalitaria de “pensamiento único”, cuya ambición es el poder ilimitado. En ese extremo, la alta desaprobación del Congreso es el costo político de haber impedido que una cúpula filocomunista se enquiste en el poder, algo que jamás la prensa caviar podrá borrar.
Por eso es necesario hablar del ejercicio de una política decente y valiente, porque en el caso de los legisladores, muchas veces nuestras decisiones podrían ser impopulares o políticamente incorrectas, pero no podemos actuar solo en base a lo que “la calle” nos pide. Por ejemplo: si encuestáramos a la población a nivel nacional quizá la mayoría estaría de acuerdo con la exoneración de impuestos, o la pena de muerte para violadores. No por eso, vamos a legislar a ciegas; el poder exige responsabilidad.
En cambio, con esa misma responsabilidad y por un principio de realidad en virtud de una última encuesta que arroja que más del 70% prefiere un adelanto de elecciones, es necesario aclarar que el Congreso sí logró un consenso político en primera votación con más de 90 votos para un adelanto de elecciones en 2024. Lamentablemente este acuerdo fue estropeado por una bancada que hoy se precia de estar en el “centro”. Con todo respeto a la lideresa del fujimorismo, quisiera recordar que fueron ellos quienes sabotearon el adelanto de elecciones con fatal irresponsabilidad.
No obstante, pienso que la citada propuesta debe ser atendida con una respuesta contundente de plazos razonables, que contemple reformas constitucionales, y reformas políticoelectorales. Tenemos consensos en algunas de estas reformas como es el caso del proyecto de ley para impedir que sentenciados por terrorismo puedan postular a cargos de elección popular, pues en la práctica hemos visto que su ideología subsiste más allá de la condena cumplida. Leyes como esta buscan salvaguardar el Estado de Derecho, de aquellos que se aprovechan de nuestra democracia para tentar el poder.
Sigamos haciendo política, no para el aplauso, sino porque el Perú lo necesita.
