“Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”, reza el artículo 46 de nuestra Carta Magna. Y fue este el principal precepto constitucional invocado por aquella Mesa Directiva del Congreso de la cual formé parte como Tercer Vicepresidente, para presentar la tercera y definitiva moción de vacancia contra Pedro Castillo que terminó con su destitución, y la sucesión presidencial en la persona de Dina Boluarte.
Con 101 votos a favor de su vacancia en el Pleno del Congreso, además del enérgico rechazo mostrado por parte de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la mayoría de los ministros, y las principales instituciones públicas del Perú, Pedro Castillo con nulo respaldo, buscaría salir del Perú a través de la Embajada de México, pero fueron sus propios custodios los que procederían a su pronta detención.
En efecto, Pedro Castillo había sido denunciado de inmediato por el intento de golpe de Estado, cargo adicional a los delitos de corrupción que ya tenía en su haber y que fueron declarados por su exasesor Salatiel Marrufo en la Fiscalía, y en la Comisión de Fiscalización del Congreso.
precisamente aquel 7 de diciembre de 2022 que Marrufo declaró en la Comisión de Fiscalización sobre el pago de sobornos recibidos por él, el exministro de Vivienda Geiner Alvarado, y el propio exjefe de Estado. Ante esto, Castillo en un acto de visible desesperación planificó sin éxito el quebrantamiento del orden constitucional; hecho entre otros, que lo mantiene recluido al igual que su expremier Betssy Chávez.
Sin embargo, hay un detalle que no debe pasar inadvertido en todo este recuento, y fue la valentía y probidad de la titular del Ministerio público, Patricia Benavides, quien oportunamente presentó la denuncia constitucional contra Pedro Castillo en el Congreso, desnudando la corrupción sistémica que se vivía en las altas esferas del Poder Ejecutivo.
Qué paradójico que justo un año después la misma Fiscal Benavides, quien fuera pieza clave para la caída del exmandatario Pedro Castillo y su régimen, haya sido suspendida. Es evidente que los socios y aliados castillistas no se quedarían tranquilos.
El golpista pretende defenderse apelando a sus derechos contemplados en la Constitución, esa misma Constitución que violentó y tiró al tacho el 7 de diciembre del año pasado. Porque desde el preciso momento en que Castillo leyó su mensaje golpista se convirtió en un usurpador del poder, y por ende, no le correspondía ninguna otra atribución más como presidente de la República. Su mensaje no solo fue una declaración política sino una confesión pública de un acto delictivo, por lo que ameritaba su inmediata intervención policial por flagrante delito.
La democracia no puede ser boba.
¡No a la corrupción , no al golpe de Estado!
Fuente: Expreso
