Actualmente y desde hace algún tiempo, la criminalidad se encuentra en los primeros lugares de preocupación entre los peruanos. Por esta razón, la presidenta Boluarte anunció en su mensaje a la nación de julio de 2023, la ampliación y construcción de dos penales por un monto de 300 millones de soles. Asimismo, desde el Congreso de la República se ha puesto en relieve el debate sobre la reconstrucción del Frontón, del Sepa, y la ampliación del Penal de Challapalca.
La evaluación y construcción de más penales no solo tendrían por objeto el fortalecimiento de la seguridad ciudadana, sino que darían respuesta al asunto de la sobrepoblación penitenciaria considerada por el Tribunal Constitucional como “estado de cosas inconstitucional”. En la actualidad, tenemos un total de 95,007 personas privadas de su libertad comprendidas en una tasa de 132% de hacinamiento en las cárceles, ¡más del doble de su capacidad de albergue! Por ello, este máximo órgano de interpretación de la Constitución ha sentenciado un plazo máximo hasta el 2025 para la reubicación de los reclusos, bajo pena de cerrar los establecimientos penales con mayor hacinamiento.
Al respecto, según información oficial del INPE, ya se cuenta con un plan de construcción de doce penales hacia el 2026 que involucra un presupuesto de más de 1,150 millones de soles. Si este plan funciona, la tasa de hacinamiento bajaría a un 88% que significaría un importante avance, aunado al trabajo de prevención del delito que bien debería partir desde el hogar, las instituciones educativas, y demás espacios de formación.
Porque ciertamente el problema de la delincuencia es de naturaleza multicausal, y por tanto su abordaje debe ser interinstitucional y multidisciplinario. La reclusión de una persona no es sino la punta del iceberg de otros problemas sociales más profundos que van —según el censo conjunto entre el INPE y el INEI— desde el maltrato recibido en la infancia (48.6%), el abandono del hogar antes de los 15 años (34.7%), el tener algún miembro de la familia recluido en un penal (29.8%), el vivir en un barrio en donde campean las bandas delictivas (46.0%), entre otros.
Otro gran problema advertido es la falta de espacios para el desarrollo de talleres de productividad y reinserción social, así como el presupuesto necesario para llevar a cabo este propósito que está directamente relacionado con una de las finalidades de la pena, que según nuestro Código Penal es la función resocializadora del penado.
De todo lo expuesto queda claro que no son solo las condiciones penitenciarias, sino, sobre todo, el trabajo de prevención del delito, lo que impactará en la baja de la tasa de criminalidad que, cada año, aumenta.
¡Trabajemos en ello!
Fuente: Expreso
