La trata de personas es una forma de esclavitud que evidencia una grave violación a los derechos humanos; y vulnera esencialmente la dignidad y la libertad de sus víctimas reduciéndolas a objetos que son comprados y vendidos para su explotación.
En nuestro Código Penal, la trata de personas está tipificada dentro de los “Delitos contra la Dignidad Humana” (Artículo 129 – A , Título I-A).
En honor a esta lucha, de acuerdo a la Ley N° 29918 el 23 de setiembre de cada año se conmemora el “Día Nacional contra la Trata de Personas’’. Asimismo, en virtud de esta ley, el Presidente del Consejo de Ministros y el Ministro del Interior acuden al Congreso de la República en el mes de setiembre de cada año, para dar cuenta sobre el cumplimiento de las metas y objetivos de los planes de políticas públicas que abordan el delito de la trata de personas.
Sin embargo, en la actualidad el “Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016” y el “Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia” no se encuentran vigentes, sino que han sido reemplazados por otros documentos como son: la “Política Nacional frente a la Trata de Personas y sus formas de explotación al 2030”; y la “Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030”.
De tal forma que, resulta necesario modificar dicha ley para establecer que sin importar el plan que rija en el tiempo, la obligación de las autoridades de las carteras pertinentes está establecida. Además, se debe considerar al titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) como corresponsable de informar junto al presidente del Consejo de Ministros y Ministros del Interior, estando a que la población afectada principalmente son mujeres, niñas, niños y adolescentes; y es el MIMP el ente rector en la materia.
Bajo estas consideraciones es que he presentado el Proyecto de Ley N° 5712/2023-CR, “Ley que modifica el artículo 3 de la Ley 29918, ley que declara el 23 de septiembre de cada año como el día nacional contra la trata de personas”, porque es necesario reforzar la acción contra esta injusticia que amenaza la dignidad humana, sobre todo, la de los más vulnerables.
